Víctimas e integrantes del colectivo Madres de los Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) fueron registrados este martes, durante una audiencia de la Comisión de la Verdad sobre las ejecuciones extraoficiales de civiles, en Soacha (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas
Los asesinatos de jóvenes en “falsos positivos”, como se conocen en Colombia los asesinatos de civiles a manos de militares, fueron parte de una política de Gobierno aplicada entre los años 2002 y 2008, y así será consignado en el informe que entregará la Comisión de la Verdad el próximo 28 de junio.
Así lo dijo Alejandro Valencia, miembro de la Comisión de la Verdad, en un acto en el que participaron familiares de jóvenes de Soacha, población aledaña a Bogotá, y un grupo de exmilitares que también han admitido su responsabilidad en esos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación entre 2002 y 2008 se cometieron como parte de una política de Gobierno, que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad”, explicó el comisionado Valencia.
El periodo aludido por el comisionado Valencia coincide con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
La Comisión comenzó a elaborar, en noviembre de 2018, un informe que será entregado el próximo 28 de junio. En este documento se expondrán hallazgos, reflexiones y conclusiones sobre lo que pasó durante más de 50 años de conflicto y un conjunto de recomendaciones para que lo ocurrido no se repita.
DETALLES DEL INFORME
El comisionado Valencia dijo que al hacer referencia a los “falsos positivos” el informe de la Comisión de la Verdad también dirá que el principal responsable es el Ejército.
Igualmente, hará referencia a la supuesta participación de otras instituciones del Estado como los grupos Gaula (grupos antiextorsión y secuestro), la Armada, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, inteligencia estatal), la Justicia Penal Militar y el Consejo Nacional de la Judicatura; también entidades no estatales como empresas multinacionales y grupos paramilitares.
“Las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados”, detalló Valencia.
Además, según la Comisión, el “modus operandi” de las ejecuciones extrajudiciales trajo como consecuencia la “implementación de una cadena de acciones fraudulentas, antes, durante y después de la realización del crimen, en las cuales llegaron a participar de forma consciente efectivos de todos los rangos de la Fuerza (Pública)”.
NO SE TOMARON EN CUENTA LAS DENUNCIAS
Por último, Valencia dijo que a pesar de que en la segunda mitad de los años 90, organismos internacionales advirtieron sobre estos hechos y que, además, Estados Unidos contaba con información que establecía que la práctica del “body count” (recuento de cadáveres) se estaba llevando a cabo en Colombia, esas denuncias “no fueron tomadas en cuenta para frenar las dinámicas que llevaron a su ocurrencia”.
Ante las declaraciones del comisionado Valencia el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Uribe, salió en defensa de su jefe y calificó de “insólita y calumniosa” la declaración de Valencia.
Por su lado, Uribe dijo que denunciará a la Comisión de la Verdad por las declaraciones del comisionado Valencia.
La Comisión surgió del Acuerdo de Paz y busca, entre otras cosas, relatar a detalle cómo sucedieron los hechos victimizantes y bajo qué contexto se desarrolló la guerra.
Pese a que no es vinculante, como sí lo es la JEP, la Comisión hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas estipulados en el acuerdo.