Entidades privadas y del Estado han entregado las proyecciones de este sector de la economía en medio de la inflación y el “crecimiento nulo”.
Desde el último trimestre de 2022 y en los primeros meses de 2023, el mercado de la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia, ha pasado por una serie de situaciones que cada vez preocupa más a los colombianos, en especial a quienes planean adquirir este tipo de vivienda o están a la espera de la entrega de esta.
Los costos de las viviendas VIS en el país —que se establecen acorde al salario mínimo— han aumentado por el porcentaje de inflación. Esto ha generado que el mercado de viviendas cayera considerablemente en el primer trimestre del año, según Camacol.
En medio de este panorama, el Banco de la República entregó una serie de proyecciones, principalmente en el porcentaje de inflación, que directamente tendría un efecto positivo en el mercado de vivienda y en la economía en general si se reduce.
Según la entidad estatal, el país tiene la meta de reducir la inflación al 3% número que solo se alcanzaría hasta diciembre de 2024. Actualmente, la proyección anual se estima en 8,7% según el último informe de política monetaria.
Por su parte, Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), también presentó un informe en el que evidenció la desaceleración económica en las viviendas VIS; además señalaron que por ausencia de subsidios de Mi Casa Ya, hay más de 40.000 hogares que no han podido recibir su vivienda.
“Al cierre del 2022 ya empezábamos a experimentar una contracción del mercado de ventas totales de vivienda nueva en Colombia, con una caída de -7.5%, cosa que se ha venido agudizando al año completo que termina en febrero de 2023 con una contracción superior al -11%”, sostuvo.
Bajo esta premisa, Camacol reveló que las cifras son similares a las de 2020, año en el que la economía global y nacional sufrió una reducción por cuenta de la crisis que dejó la pandemia por covid-19. En 2022, según Herrera, la comercialización de una vivienda de interés social tardaba alrededor de cinco meses en promedio, pero ahora, un año después, su comercialización tarda mucho más.
Ahora las constructoras, que por obligación deben terminar los proyectos según las fechas pactadas con los clientes, terminan las construcciones y aún cuentan con varias unidades disponibles para la venta, las cuales demuestran que el poder adquisitivo del colombiano promedio ha disminuido. Estos registros serían los más altos en la última década.
Uno de los factores, además de los ya mencionados, se debe a la ausencia de Mi Casa Ya, el programa de Gobierno que entrega subsidios categorizados a los colombianos que, a raíz del incremento en las tasas de interés —medida adoptada por las entidades financieras para solventar la crisis económica— y no serían eficientes. Camacol informó que seis de cada 10 viviendas que se entregan en el país tienen cierre financiero por esa política.
“El año pasado se asignaron alrededor de 67.000 subsidios, resulta que solo se pudieron pagar 44.000 porque hasta ahí alcanzaron los recursos. Lo cierto es que 23.000 familias a octubre del año pasado tenían sus viviendas pagadas de cuota inicial, viviendas terminadas, faltaba el subsidio para firmar y entregar”, sostuvo el gerente de la entidad.
La propuesta del gremio
“La única manera de ponerle freno a estas alertas es que el sector privado y el Gobierno Nacional trabajemos articuladamente para lograr que, a través de la Ley de Adición Presupuestal, se garanticen los 3.3 billones de pesos para atender los subsidios de Mi Casa Ya pendientes y los proyectados para lo que resta del año”, agregó Herrera.
En febrero de 2023, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República, el proyecto de ley que busca adicionar 25,4 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023. Desde el ejecutivo, señalaron que esta adición es fiscalmente responsable, pues los recursos saldrían de la reforma tributaria aprobada en noviembre de 2022 bajo la Ley 2277 de ese mismo año.
Del total de esos recursos, $23,2 son del Gobierno nacional, ya que los $2,2 billones restantes de gasto corresponden a los establecimientos públicos y se financian con recursos propios de estas administraciones.