La alternancia
En tono humorístico, en un ‘reel’ para las redes sociales de la emisora ‘Tropicana’ de Bogotá, el ahora expresidente Duque utilizó la pregunta retórica “¿Cómo decían en la Estrategia del Caracol?” para describir el proceso de empalme entre su administración y el equipo del gobierno entrante.
El chiste no fue tal vez muy gracioso, pero sí es un buen indicio de las tensiones y dificultades que ya desde el momento del empalme empiezan a avizorase para los “primeros cien días” del gobierno Petro-Márquez.
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Serán días de “alternancia”, en el preciso sentido que llega al poder una coalición de izquierda y de centro, como no había ocurrido antes en la historia de Colombia.
Descontento popular
Una preocupación seria para el gobierno entrante es el hecho que los nuevos líderes de la izquierda latinoamericana hayan perdido mucho de su popularidad al poco tiempo de comenzar sus gobiernos.
Esto es cierto en el caso de Chile, pero no en los casos de Bolivia, de Honduras, o de México. Castillo en el Perú sería un ejemplo extremo, pero no es fácil decir que se trate de un gobierno de izquierda.
Las expectativas de los movimientos sociales, tradicionalmente excluidos — cuando no perseguidos o deslegitimados —, pueden desbordar la capacidad de maniobra de un gobierno que ya de por sí ha planteado una agenda más acotada que la de la campaña electoral —y sin embargo sigue siendo ambiciosa —.
La llegada de un líder de izquierda al poder, proveniente además de una guerrilla acogida a un proceso de paz, implica un escenario novedoso en cuanto a las relaciones con la oposición, no solo partidaria, sino civil.
Una primera dificultad podría resultar del escenario económico global, donde se anuncia una combinación de recesión con inflación. Esto además puede implicar cambios políticos en socios estratégicos como Estados Unidos, que a su vez incidirían sobre sus relaciones con el gobierno Petro.
En segundo lugar, el nuevo gobierno recibe un déficit fiscal que por supuesto dificulta sus aumentos esperados en el gasto social. A este déficit se añade el déficit cambiario que a su vez podría disminuir la confianza de los inversionistas internacionales.
Las razones anteriores llevan a pensar que en Colombia es probable que se cumpla la hipótesis del rápido descontento social. Lo cual no implica que las protestas comiencen de inmediato, porque es difícil predecir el tiempo de espera que los movimientos sociales le darán al gobierno entrante.
La coalición de gobierno
El Congreso —que tradicionalmente ha sido un actor secundario en la política nacional— podría convertirse bajo Petro en un árbitro del descontento social. Por eso el manejo de la bancada y la canalización de demandas populares a través de esa bancada se volverían decisivas parta el gobierno que entra.
Una de las ideas más repetidas en el discurso de Petro —que proviene de su militancia en el M-19— es la de rechazar cualquier forma de política vertical o autoritaria. Esta idea se articula con la figura de las “ciudadanías libres” como el modelo ideal de politización y militancia ciudadana.
Pero en la práctica esas ideas chocan con las necesidades de la bancada de gobierno. Y esto a su vez se ha puesto de manifiesto con las disputas entre miembros de dicha bancada entre el 20 de julio (instalación del Congreso) y el 7 de agosto (posesión presidencial).
Parte de estas disputas se debe a las tensiones normales entre facciones. Otras, en cambio, se deben al personalismo o al afán de reconocimiento individual por encima del proyecto colectivo. Estos intereses han estado detrás de las disputas por las presidencias de algunas comisiones, por ejemplo.
Por otra parte, aunque Petro haya logrado formar una coalición mayoritaria, en esta coalición existen dos grupos principales: las bancadas alternativas, que se estrenan en la cabeza del gobierno, y las bancadas tradicionales, sin mayores cambios en sus dirigencias.
Las serias tensiones entre el Partido Verde y las agrupaciones del Pacto Histórico, especialmente en la agenda política de Bogotá, ya han producido disputas como en el caso de la presidencia de la Cámara. Estas tensiones se suavizaron por el momento, pero podrían retornar en las elecciones regionales de 2023.
Más allá de lo anterior, sostener la coalición de gobierno será un reto mayor para Petro, porque la disputa burocrática no se limita al nombramiento de los ministros. En los cargos menos visibles, como las consejerías, los entes descentralizados, las superintendencias y las mesas directivas de empresas mixtas el gobierno podrá satisfacer las demandas de las bancadas. Pero lo haría a costa de su credibilidad.
Si bien la elección del Contralor no se inscribe precisamente en este escenario, la disputa dentro del Pacto Histórico y entre los socios de la coalición ya está poniendo de presente el carácter lo polémico de estos nombramientos. En este puno la experiencia de las bancadas tradicionales sobre el funcionamiento del Estado se convertirá en una ventaja.
Una alternativa posible sería que Petro reviva y perfeccione el método que intentó utilizar como alcalde Bogotá, donde los socios de la coalición tengan a cargo determinadas carteras y se hagan responsables por sus resultados respectivos. Ese intento fue criticado por la prensa como un simple ejercicio de reparto burocrático, además de que estuvo limitado por la rotación de las carteras durante su período como alcalde.
Este antecedente puede ser una buena práctica, pero tendría que ir acompañada de información clara y pública sobre la distribución de responsabilidades entre socios de la coalición, sobren la representatividad social y sobre las capacidades técnicas de las personas designadas para llevar a cabo las tareas de gobierno.
La oposición
La llegada de un líder de izquierda al poder, proveniente además de una guerrilla acogida a un proceso de paz, implica un escenario novedoso en cuanto a las relaciones con la oposición, no solo partidaria, sino civil.
Las bancadas, como se ha visto hasta ahora en la conformación de la coalición de gobierno, son por tradición gobiernistas y/o prefieren la estrategia de independencia para negociar con el ejecutivo con mayor libertad.
Los pocos congresistas que se han declarado en oposición tendrán la oportunidad de explotar los derechos que consagra el Estatuto de Oposición que, bajo Duque, fueron limitados mediante todo tipo de prácticas informales. Un gobierno respetuoso del Estatuto tendría que abrir espacios a sus opositores, comenzando, paradójicamente, por el Centro Democrático.
Una lección sobre el porqué la neutralidad en el ejercicio de los derechos es una clave para el correcto funcionamiento de las instituciones.
Por otra parte, las corrientes de izquierda que no se sumen a la coalición de gobierno harán más visibles las diferencias ideológicas entre las bancadas de este espectro político. Si el gobierno pierde popularidad, estas corrientes u organizaciones de izquierda podrían servir como canales de interlocución con las bases sociales. O en todo caso, estas “disidencias” permitirían enriquecer el debate político más allá de Uribe y Petro.
Los medios y los militares
La relación con sectores de la sociedad civil que no están acostumbrados a ser oposición será más difícil. Entre estos sectores se destacan los medios de comunicación y el entorno de los oficiales retirados.
La libertad de prensa en Colombia se ha visto amenazada por la violencia, la censura de los poderes oficiales o fácticos y la autocensura impuesta por las empresas mediáticas. Pero sin contar estas presiones, parte importante de los medios y de los periodistas han sido oficialistas o amigos de los gobiernos de turno.
El fantasma de las disputas amargas entre gobiernos de izquierda y la prensa en países como Ecuador, Argentina o Venezuela, así como el nuevo escenario de diferencias ideológicas entre los grandes medios y el gobierno Petro, bien podría augurar una confrontación más directa entre prensa y gobierna de la estamos acostumbrados a presenciar en Colombia.
Aunque los oficiales retirados sean una fuerza minoritaria — como se ha visto una y otra vez en las elecciones— es bien probable que ellos sean voceros oficiosos de sus colegas activos o que tengan influencia suficiente para dificultar las relaciones entre las Fuerzas Armas y el presidente o su ministro.
Los rumores y los llamados a golpes de Estado o a los “brazos caídos” deben ser tomados en serio. La seguridad (¿nacional o ciudadana?) será un gran reto en estos años, no solo por los cambios en la doctrina y diseño institucional de la Policía Nacional, sino por el papel que jugarán los cuerpos de seguridad estatales ante la propuesta de la “paz completa”.
Así, un proceso de alternancia tan difícil como el que se vivirá a partir del 7 de agosto, plantea un nuevo escenario para nuestro sistema político.
Sin embargo, la incertidumbre venidera es el costo del principio básico de la democracia, es decir que exista la probabilidad de que los reclamos sociales sean escuchados por el gobierno. Esto, hasta ahora, estaba limitado a solo un espectro del abanico ideológico.
* Politólogo de la Universidad Nacional, doctor en Ciencia Política de la UNAM, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga