El presidente de la corporación, David Racero, anunció que la funcionaria, Concepción Baracaldo, deberá rendir cuentas por las denuncias de presunto abuso y explotación sexual de niñas indígenas.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) afronta una nueva polémica por su gestión después de las denuncias que se conocieron de explotación y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas en el Guaviare. El miércoles 18 de enero, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que citaron a la directora de la entidad, Concepción Baracaldo, a un debate de control político para que rinda cuentas ante el Legislativo.

El director regional del ICBF en el Guaviare aseguró que los casos de abuso sexual contra niñas indígenas “no son tan preocupantes”. (Colprensa – Mauricio Alvarado)
Funcionario del ICBF aseguró que los casos de abuso sexual contra niñas indígenas “no son tan preocupantes”
Joaquín Mendieta, el director regional de la entidad en el Guaviare, tampoco conocía las estadísticas de violencia sexual en el departamento
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El congresista manifestó que solicitó a través de un derecho de petición, amparado en la Ley Quinta, investigar el papel que ha tenido las entidades estatales en el caso. “Debido a las “reiteradas denuncias de violación, abuso y posible red criminal de explotación sexual a menores de edad de comunidades indígenas en alto estado de vulneración socioeconómica en el departamento del Guaviare merece toda la atención”, dijo a través de un video en Twitter.

La situación se conoció después de que el periodista Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión, denunciara que menores de edad de comunidades indígenas estarían siendo inducidas a tener relaciones sexuales con militares —colombianos y estadounidenses— o civiles a cambio de comida, bajas cantidades de dinero, o drogas que les ayudarían a ahuyentar el hambre.

Como muestra, Reyes entregó el testimonio de una adolescente de 15 años que fue violada múltiples veces por militares en 2019 al interior de un baño público de San José del Guaviare por cuatro días, sin recibir alimento. Otro de los casos registrados ese mismo año fue el de una menor de 10 años que fue violada por un militar de Estados Unidos y luego la obligaron a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que no entendió ni asimiló el proceso por su edad.

Astrid Cáceres es la nueva subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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